El edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición.
La despiadada ofensiva sobre el Congreso en Venezuela es una operación golpista pero a la vez suicida del régimen que ignora la crisis terminal en que se debate el país. Es cuestion de tiempo que se produca un estallido social de una poblacion hambreada e ingorada por el régimen.
La intención apenas disimulada del gobierno de Nicolás Maduro es anular el Congreso y trasladar sus competencias a la Corte Suprema. La maniobra, como la razón que la alimenta, es sencilla: anula un poder del Estado porque dejó de estar colonizado. Como no ocurrió lo mismo aún con el máximo Tribunal, seguirá en funciones.
La traducción de esta operación tampoco es compleja: se trata de un golpe, de palacio, sin militares, como se lo quiera definir porque los golpes tratan de eso, de anular las instituciones de la República y aplastar cualquier visión disidente. Pero es, al mismo tiempo, una operación suicida. Es sólo cuestión de tiempo para que el país se revele en medio de un estallido social de consecuencias imprevisibles. El resto de América Latina debería estar mirando atentamente ese desastre y sus posible esquirlas.
El problema de Venezuela no es este choque de poderes. Lo central es lo que late por detrás de esta disputa y es la bancarrota de la economía del país. No se trata de los números macro del país, sino del efecto doméstico entre una amplia franja de la población originalmente chavista pero que se ha empobrecido particularmente en los últimos dos años y que ya comienza a experimentar problemas de seguridad alimentaria.
El resultado adverso que tuvo el gobierno en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se debió precisamente a esa enorme contradicción entre el relato y la realidad económica. El oficialismo perdió más de dos millones de votos entre esos comicios y los anteriores presidenciales de 2013. Aquel año el oficialismo reunió 7,5 millones de sufragios. En esta votación ese número se redujo a 5,5 millones.
Esa enorme masa frustrada no votó por el oficialismo pero tampoco por la disidencia, prefirió quedarse en sus casas debido en gran medida a la campaña de terror que montó el aparato propagandístico del régimen sobre las intenciones opositoras. Pero, también por una creciente decepción sobre los poderes públicos impotentes para resolver el drama en el que viven.
El 60% de la población tiene ingresos del orden de los nueve dólares mensuales, insuficientes para atender sus necesidades mínimas. La mística de una revolución, que nunca fue, no alcanza ya, con el Estado exangüe, para convencerlos de que alguien en algún sitio los tiene verdaderamente en cuenta.
NMIP: LUIS LEON PIZARRO
La Asamblea Nacional suspende su sesión
La pelea por el control del Congreso y el patético nombramiento contra reloj por parte del chavismo de 13 jueces de la Corte para asegurar el control de ese poder antes de entregar la Asamblea a sus nuevos líderes, son indicadores de cuáles son las reales prioridades de la estructura que controla el país desde hace 17 años.
Existe ahí una ceguera explosiva sostenida en los intereses oscuros que defiende la burocracia de la nomenclatura. Eso es el extendido mercado negro, el contrabando de combustibles a Colombia y Brasil y el pedaleo en el mercado de cambios donde los cercanos al poder compran los dólares de la exportación petrolera en 6,4 bolívares y los revenden en el mercado negro por encima de los 800.
Venezuela esta en el centro de una bancarrota espectacular. No tiene ingresos suficientes para atender sus gastos y la única apelación es emitir sin respaldo generando una bola inflacionaria que ya supera el 200% anual.
Como el chavismo apostó equivocadamente a que el petróleo jamás bajaría sino que estaría condenado a una suba incesante por la inestabilidad mundial, gastó a cuenta. Nacionalizó más de un millar de empresas, multiplicando el gasto estatal y en un gesto puramente populista expropió los únicos campos en el país que producían alimentos.
Al fin del día, el petróleo explica el 97% de las exportaciones nacionales, no hay otro producto alternativo que permita regenerar los ingresos fiscales, y debido a la ineficiencia y desidia en el manejo de esas compañías en manos del Estado, ahora debe importar cemento, acero y también naftas además de la mayoría de los alimentos y artículos sanitarios y medicinales que consume la población. El desabastecimiento que ya involucra a seis de cada diez productos de la canasta básica, esta originado en ese desmadre. La importación es limitada y cara porque se realiza en amplias cuotas con el dólar que se transa en el mercado paralelo.
El tamaño de esta crisis económica ha transformado al régimen de una estructura reformista con fuertes alianzas con la burguesía local -a despecho del relato libertado-, en un gobierno de corsarios sin capacidad para enhebrar acuerdos que moderen el desastre.
Esa la razón por la cual Maduro designó como nuevo ministro de Economía a un sociólogo antisistema Luis Salas, un hombre que no cree en la existencia de la inflación. Y es que cualquier medida seria que se adoptara para intentar corregir los desequilibrios, pisaría los callos de los negociados armados por la llamada “boliburguesía”.
Ese entramado oscuro de barones acaudalados en estos tres lustros a la sombra del chavismo, tiene entre sus figuras más rutilantes al ex presidente del Congreso y ex militar, Diosdado Cabello, uno de los más duros adversarios de cualquier autonomía opositora. No debería sorprender que ese dirigente sea quien lleva la iniciativa para que la Sala Constitucional de la Corte asuma las competencias del Congreso por un rebuscado trámite de “omisión legislativa” para que el Legislativo vuelva a ser una parte dócil del poder y, especialmente, de sus oscuridades.
